Prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 supondría un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros para los consumidores eléctricos. Esta es la principal conclusión de un estudio encargado por Greenpeace y realizado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), presentado este martes.
El análisis determina que el cierre programado de la planta extremeña entre 2027 y 2028 es «técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga». Los investigadores Eloy Sanz, director de la Cátedra de Transición Energética de la URJC, y Víctor García Carrasco, de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), basaron sus simulaciones en el período 2026-2033.
Impacto en el precio de la electricidad
La prolongación generaría un alivio «transitorio» en las facturas entre 2028 y 2030, según el estudio. Sin embargo, a partir de 2031 provocaría un aumento sostenido de los precios. En 2033, el precio de la electricidad se elevaría un 9,5%, pasando de 58 euros por megavatio hora a 63,5 euros. Los autores señalan: «En términos de factura para los consumidores finales, esta diferencia se materializa en un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros».
La extensión también frenaría la transición energética. Las energías renovables podrían integrar más de 3,8 teravatios hora anuales con el cierre programado. Sin embargo, la prórroga reduciría la cobertura renovable del 65,8% al 59,3% en 2030 y «provocaría una pérdida acumulada de inversión de hasta 26.130 millones de euros entre 2026 y 2033».
Emisiones de CO2 adicionales
El estudio calcula que mantener Almaraz operativa hasta 2030 generaría entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas adicionales de CO2 entre 2026 y 2033. Sanz y García Carrasco comparan: «(Esto equivale) a las emisiones de todos los hogares de Extremadura durante seis años o a las de un vehículo de gasolina que diera más de un millón de vueltas a la Tierra. Solo estas emisiones implicarían un coste de hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, repercutido directamente en el precio de la electricidad».
Los investigadores descartan una dependencia estructural del gas asociada al cierre en los términos actualmente acordados. Las renovables sustituirían el 96,4% de la energía de Almaraz.
Decisión pendiente
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) estudia actualmente la viabilidad de la extensión solicitada por las empresas propietarias. Se espera un informe en verano. El gobierno español tomará la decisión final y ha establecido tres condiciones: mantener la seguridad radiológica, garantizar el suministro eléctrico y evitar costes adicionales para los ciudadanos.
Los investigadores concluyen que la extensión resultaría contraproducente «al generar mayores costes acumulados para la ciudadanía, frenar la transición energética y aumentar las emisiones a medio plazo». Por el contrario, afirman: «El mantenimiento del calendario de cierre acordado se revela, por el contrario, como la opción más coherente con los objetivos de descarbonización, estabilidad del sistema eléctrico y competitividad económica de España».
La central de Almaraz, operativa desde 1983-1984, se encuentra en Extremadura.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
